La falta de información es una realidad que aplica en todos los planos de la vida. Si una persona no tiene la información sobre su presión arterial alta o su colesterol por las nubes, toma decisiones cada vez peores para con su condición, como es comer cada vez más comida insana y siendo cada vez más sedentario… hasta que un día el cuerpo colapsa. En los países ocurre igual: el gobierno muchas veces no tiene la información de lo que está sucediendo en su entorno, o tiene la información y no es capaz de entender sus implicaciones fácticas …hasta que un día la bomba explota.
En el aspecto tributario y de las políticas fiscales esta realidad es evidente en la actualidad. Estamos en un mundo cada vez más cambiante en sus formas de generar riquezas y de interacción de los agentes económicos. La era digital y el auge de la globalización ponen a prueba a todos los gobiernos y estructuras estatales. En este marco la OCDE ha creado un plan estratégico para enfrentar los grandes retos que tienen los sistemas tributarios para lograr recaudar adecuadamente y sin ser burlados por la manipulación de la información financiera. (Puedes ver una explicación de qué es la OCDE y su relación con la República Dominicana en este enlace.)
El plan tiene por nombre “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” de 2014. (Puedes leer el plan íntegro en este enlace).
En este plan de acción se hace mucho hincapié en la obtención de información, en organizar el Estado y colaborar entre varios países para que los gobiernos tengan acceso a datos fiables. La obtención de la información gira en torno a los temas específicos de precios de transferencia, economía digital, las deducciones por gastos financieros y manejo “artificioso” de cuentas. Si nos fijamos, en la última reforma fiscal dominicana se atendió el tópico de las deducciones por gastos financieros, restringiéndose dichos gastos.
Por otro lado, uno de los puntos que particularmente más nos llamó la atención es la presentada en la acción 12 del plan, el cual transcribimos a continuación:
ACCIÓN 12
Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva
Desarrollar recomendaciones relativas al diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o abusivas, teniendo en cuenta los costes administrativos para las administraciones tributarias y las empresas y aprovechando las experiencias del creciente número de países que cuentan con tales normas. El trabajo utilizará un diseño modular que permita la máxima coherencia, pero teniendo en cuenta las necesidades y los riesgos específicos de cada país. Uno de los centros de atención serán los regímenes fiscales internacionales, en los cuales el trabajo explorará el uso de una definición extensa de “beneficio fiscal” a fin de captar este tipo de transacciones. El trabajo se coordinará con el trabajo sobre cumplimiento cooperativo. También implicará diseñar y poner en marcha modelos mejorados de intercambio de información para las estructuras de planificación fiscal internacional entre administraciones tributarias.
Al leer esto no queda duda de que los Estados cada vez más están planteando la guerra contra la planificación fiscal agresiva y las “big four” de manera frontal y llana, no se guarda ninguna apariencia.
Ante este panorama, ¿qué espera a República Dominicana? A modo general pensamos que lo que viene es mayor exigencia transparencia, lucha más recrudecida por eliminar el secreto bancario como está consignado en la actualidad, normas sobre precios de transferencia más estrictas y mayor restricción a la hora de usar regímenes fiscales favorables (regímenes de tributación especiales en general).