Son numerosos los casos de Impuestos Internos en el Tribunal Superior Administrativo en los que no se anexan pruebas documentales suficientes que edifiquen al tribunal respecto a los argumentos y hechos del caso. En diversas sentencias que leemos aleatoriamente se muestran procesos en los que el recurrente sólo aporta la Resolución (usualmente acta de Reconsideración) que impugna, y ningún otro documento. Ya antes hemos explicado que el fardo de la prueba en materia de derecho administrativo corresponde al recurrente, es decir el acto administrativo firme de la administración pública goza de una presunción de validez que debe ser vencida por los argumentos y sobre todo pruebas del recurrente ante el Tribunal Superior Administrativo.

En vísperas del pacto fiscal que se avecina, son muchos los comentarios de políticos y comunicadores haciendo hincapié en que un nuevo paquete de reformas sobre los tributos debe afectar lo menos posible a los que menos tienen, y por otro lado se debe aumentar la recaudación sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo. Este planteamiento lleva a realizar algunas inferencias que no obedecen a un razonamiento económico válido.