Escrito por: Licda. Fhlor Ogando Pujols. Abogada en materia de Derecho Corporativo y Ley de Cine.
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 Es indiscutible la relevancia social que ha generado el fenómeno cinematográfico a lo largo del tiempo. Su influencia se ha destacado en escenarios políticos, económicos y jurídicos,  puesto que el cine es la interrelación de la expresión artística con una actividad económica. Desde entonces, “en la medida en que la cinematografía presente esta naturaleza dual, resulta inevitable que el Derecho haya de hacerse eco de la misma y regularla en consecuencia”.[1]

​Este artículo lo escribí a propósito de las declaraciones recientes del Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, exigiendo que se realice un aumento de salario general en el sector privado y público.

En fecha 20 de Julio de 2016, fue dictada la sentencia No.380 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia,  Rec.: Film001, Inc. Este es un precedente muy importante en materia de los incentivos fiscales que ofrece la ley 108-10 a la industria cinematográfica dominicana.
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En este, conforme a los requerimientos de la Ley de Cine, el recurrente había documentado todos los gastos cinematográficos con el objeto de obtener el Crédito Fiscal correspondiente. En una primera etapa, la Dirección General de Cine procedió a validar y aprobar dichos gastos, así como la forma en que estaban sustentados. También -expone el recurrente- el Ministerio de Hacienda había hecho una validación. No obstante, cuando el expediente fue tramitado a la Dirección General de Impuestos Internos para la emisión del Certificado de Crédito Fiscal transferible, Impuestos Internos impugnó algunas facturas y gastos bajo el argumento de que “existían gastos contenidos en facturas proforma que no habían sido facturados de manera definitiva por los proveedores, así como otros conceptos que no estaban directamente relacionados con la producción de dicha obra cinematográfica”.

​La DGII no reconoció un monto aproximado de 1 millón y medio de pesos, y este caso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo en un Recurso Contencioso Tributario y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia en Casación.

Cuando leemos sobre el tema Precios de Transferencia podemos pensar que se trata de un tema exclusivo de transacciones multinacionales, es decir entre empresas localizadas en diversos países. Sin embargo la realidad es que una persona puede eludir grandes cantidades de dinero si utiliza técnicas de manipulación de precios entre empresas relacionadas en un mismo país. Por este motivo y para enfrentar la práctica de manipular precios entre empresas residentes, el artículo 1 del Reglamento 78-14, establece que las operaciones entre residentes pueden ser pasibles de reglas propias de precios de transferencia y del Art. 281 y ss. del Código Tributario.

En fecha 13 de julio de 2016, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia No. 355, Número interno: 2015-3055, Rec.: Soraya Marisol De Peña Pellerano. En esta sentencia hemos observado un interesante cambio de criterio jurisprudencial en cuanto al informe pericial en materia tributaria: la Suprema Corte y el Tribunal Superior Administrativo siempre defendían la idea de que el informe técnico pericial que en principio ordena el Tribunal Superior Administrativo para algunos casos en materia tributaria, se consideraba un documento para la edificación y uso exclusivo del tribunal. El argumento consistía en que dicho peritaje no tenía que ser comunicado a las partes y no era sujeto a debates o contradicciones por las partes porque la suerte del proceso judicial no dependía de la información dada por el perito tributario. En el pasado nos referimos a este tema en este artículo.

En República Dominicana, la publicidad contratada (directamente con los medios de comunicación) por las instituciones públicas, tiene un régimen especial y distinto al ordinario. Según lo prescrito en el artículo 6, de la ley No. 340-06 sobre Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, la “contratación de publicidad a través de medios de comunicación social” es un caso de excepción y su procedimiento de ejecución está sujeto a los procedimientos excepcionales que establecen los reglamentos.

Recientemente nos han informado varias personas que han acudido por ante la Dirección General de Impuestos Internos para realizar acuerdos de pago sobre ajustes e impuestos atrasados, que la entidad bajo el mandato del nuevo Director Magín Díaz no está concediendo dispensas y rebajando cargos por concepto de recargos e indemnizaciones.

Todo indica que por disposición interna (circular, no disponible al público en general), las administraciones tributarias se les ha ordenado no seguir aplicando la práctica de reducir montos por dichos conceptos. 

Esto es una gran novedad y muchos contribuyentes están preocupados por los grandes montos que deben pagar por mora e intereses indemnizatorios.