Cuando analizamos los grandes problemas que enfrenta la tributación internacional debemos primero pensar en la globalización y el fenómeno llamado “doble juego” en que los países suelen recurrir. La globalización ha tenido impacto en la tributación porque los sistemas tributarios fueron desarrollados bajo la premisa de que los grandes capitales no se movían fácilmente, es decir una empresa fabricaba o productos en EEUU y luego los vendía en ese mismo país.
En el contexto actual de modernidad resulta que una empresa en EEUU vende un producto tal, pero las piezas son construidas e importadas de diversos países, es decir los capitales se han trasladado porque resulta económicamente más eficiente construir las piezas en diversos países porque se aprovechan ventajas en diversas áreas (regímenes fiscales, laborales y legales más convenientes). A esta realidad hay que sumar que el internet ha hecho posible que la comunicación y los negocios sean sumamente rápidos en su ejecución: una persona puede hacer negocios –en tiempo real-desde su computadora con otra persona en el otro extremo del planeta, mientras que en tiempos atrás esto era impensable.[1]
En el contexto actual de modernidad resulta que una empresa en EEUU vende un producto tal, pero las piezas son construidas e importadas de diversos países, es decir los capitales se han trasladado porque resulta económicamente más eficiente construir las piezas en diversos países porque se aprovechan ventajas en diversas áreas (regímenes fiscales, laborales y legales más convenientes). A esta realidad hay que sumar que el internet ha hecho posible que la comunicación y los negocios sean sumamente rápidos en su ejecución: una persona puede hacer negocios –en tiempo real-desde su computadora con otra persona en el otro extremo del planeta, mientras que en tiempos atrás esto era impensable.[1]
Ante la movilidad relativamente fácil de los capitales ha surgido el fenómeno del “doble juego”. El jurista español Pedro Juez Martel explica cómo los países “por un lado, deben intentar que los que más tienen tributen más por un principio de equidad…pero por otro, se ven en la necesidad de atraerlos, ya que el dinero es el que permite la creación de empresas, la inversión, el consumo de los hogares y en definitiva el ansiado crédito. Sin él, el sistema no funciona y se paraliza.”[2]
Las autoridades de los diversos países son conscientes de esto y lo perciben principalmente en sus recaudaciones porque son testigos de cómo las empresas multinacionales obtienen rentabilidades sumamente elevadas y al mismo tiempo tributan bastante poco, utilizando técnicas sofisticas como son el traslado de capitales a países con ventajas tributarias o secreto bancario, abuso de convenios de doble tributación, uso abusivo de las técnicas de precios de transferencia, entre otras más.
Desde Julio de 2013 se ha venido desarrollando el novedoso proyecto de la OCDE, con apoyo del G20, llamado proyecto BEPS. En el pasado escribimos con referencia este proyecto en este artículo y este artículo. A grandes rasgos BEPS tiene tres ejes: “dotar de coherencia a aquellas normas de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas; reforzar las exigencias de actividad sustancial en los actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor y; mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones.”[3]
Entre las medidas concretas que se busca implementar están: mejorar las prácticas sobre precios de transferencia; reforzar criterios sobre abuso de deducción a partir de intereses, creación de sistemas de información e intercambio de información entre países, abordar tema de la tributación en la economía digital, combatir la utilización de convenios para evitar tributar, y exigir a contribuyentes la revelación de sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. [4]
En la dinámica tan interesante de este tema, me ha llamado la atención el caso Panamá Papers y las recientes noticias que han surgido al respecto. Luego del conocimiento y el escándalo surgido en torno a la firma legal panameña Mossack Fonseca, el gobierno panameño convocó a varios expertos a un panel de asesoría para investigar la cultura financiera en Panamá. Entre los expertos se encontraban el reconocido economista Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth.
El escandalo ahora es que tanto Joseph Stiglitz como Mark Peith renunciaron a seguir en el referido panel porque –según explican- el gobierno de Panamá interfiere y censura activamente el trabajo de los asesores. Según el mismo Joseph Stiglitz publicado en un artículo de la BBC[5], dice que: "Yo pensé que el gobierno estaba más comprometido pero, evidentemente, no lo están", comentó Stiglitz a la agencia noticiosa Reuters. "Es increíble cómo intentaron de socavarnos"
El mensaje da esta nueva noticia es evidente para nosotros: un gobierno puede mostrar públicamente su “apoyo” a la transparencia fiscal y financiera, no obstante a la hora de aplicar políticas concretas y medidas que afecten de manera sensible los cimientos sobre los que gira la opacidad fiscal y financiera, pues hay un largo trecho. ¿Por qué esto sucede? Volvemos al principio de este artículo para explicar las razones, dígase el doble juego que está jugando dicho país –evidentemente Panamá- es decir “estamos comprometidos con ser un país transparentes, donde nadie pueda esconder ningún activo financiero ni eludir impuesto alguno tampoco”, pero cuando toca aplicar medidas en los hechos y no en el papel, pues todo queda en el papel porque ese país, sus gobernantes y empresarios, saben que se exponen a perder capitales si aplican políticas internacionales de transparencia.
En este sentido no tenemos dudas de que el proyecto BEPS va a enfrentar las mismas situaciones: países que declaran su “compromiso” con el proyecto, pero se trata de una situación más compleja por el gran número de actores e intereses afectados. En adición a esto, debemos entender el gran andamiaje que gira en torno a los políticos y gobiernos: los empresarios y sus capitales ejercen poder fáctico en la toma de decisiones y muchas veces un gobierno de cualquier país se puede comprometer a ejecutar tal política y por otro lado el sector empresarial puede dificultar bastante que se concrete dicha medida si así lo desean. Después de todo se cumple la premisa de que “existen poderes formales, quienes tienen el poder en teoría…y existen poderes fácticos, aquellos que verdaderamente tienen el poder en la toma de decisiones.”
[1] Recomendamos lectura libro “Precios de Transferencia, Análisis teórico-práctico” del autor Vicente Torres Delgadillo, México, Editora Trillas, 2012. En específico leer capítulo I, “Repercusión de la globalización económica en los precios de transferencia. Delimitaciones conceptuales previas.”
[2] Juez Martel, Pedro; “ Operaciones fraudulentas a través de sociedades, Detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicaciones jurídicas”, Edita La ley, España 2013. Pág. 394
[3] Artículo digital: “La OCDE presenta los resultados del Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 para su discusión en la reunión de los Ministros de Finanzas del G20” publicado 05/10/2015,URL “http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-presenta-los-resultados-del-proyecto-beps-de-la-ocde-y-el-g20-para-su-discusion-en-la-reunion-de-los-ministros-de-finanzas-del-g20.htm”
[4] Consultar versión primera del “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” OCDE 2014; disponible URL “http://www.aedf-ifa.org/FicherosVisiblesWeb/Ficheros/Fichero79.pdf”
[5] Publicado BBC Mundo 6 de Agosto 2016, Redacción, Artículo titulado "No están comprometidos": Joseph Stiglitz renuncia a seguir como consejero del gobierno panameño para el caso de los Panamá Papers, URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36996684).
Las autoridades de los diversos países son conscientes de esto y lo perciben principalmente en sus recaudaciones porque son testigos de cómo las empresas multinacionales obtienen rentabilidades sumamente elevadas y al mismo tiempo tributan bastante poco, utilizando técnicas sofisticas como son el traslado de capitales a países con ventajas tributarias o secreto bancario, abuso de convenios de doble tributación, uso abusivo de las técnicas de precios de transferencia, entre otras más.
Desde Julio de 2013 se ha venido desarrollando el novedoso proyecto de la OCDE, con apoyo del G20, llamado proyecto BEPS. En el pasado escribimos con referencia este proyecto en este artículo y este artículo. A grandes rasgos BEPS tiene tres ejes: “dotar de coherencia a aquellas normas de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas; reforzar las exigencias de actividad sustancial en los actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor y; mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones.”[3]
Entre las medidas concretas que se busca implementar están: mejorar las prácticas sobre precios de transferencia; reforzar criterios sobre abuso de deducción a partir de intereses, creación de sistemas de información e intercambio de información entre países, abordar tema de la tributación en la economía digital, combatir la utilización de convenios para evitar tributar, y exigir a contribuyentes la revelación de sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. [4]
En la dinámica tan interesante de este tema, me ha llamado la atención el caso Panamá Papers y las recientes noticias que han surgido al respecto. Luego del conocimiento y el escándalo surgido en torno a la firma legal panameña Mossack Fonseca, el gobierno panameño convocó a varios expertos a un panel de asesoría para investigar la cultura financiera en Panamá. Entre los expertos se encontraban el reconocido economista Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth.
El escandalo ahora es que tanto Joseph Stiglitz como Mark Peith renunciaron a seguir en el referido panel porque –según explican- el gobierno de Panamá interfiere y censura activamente el trabajo de los asesores. Según el mismo Joseph Stiglitz publicado en un artículo de la BBC[5], dice que: "Yo pensé que el gobierno estaba más comprometido pero, evidentemente, no lo están", comentó Stiglitz a la agencia noticiosa Reuters. "Es increíble cómo intentaron de socavarnos"
El mensaje da esta nueva noticia es evidente para nosotros: un gobierno puede mostrar públicamente su “apoyo” a la transparencia fiscal y financiera, no obstante a la hora de aplicar políticas concretas y medidas que afecten de manera sensible los cimientos sobre los que gira la opacidad fiscal y financiera, pues hay un largo trecho. ¿Por qué esto sucede? Volvemos al principio de este artículo para explicar las razones, dígase el doble juego que está jugando dicho país –evidentemente Panamá- es decir “estamos comprometidos con ser un país transparentes, donde nadie pueda esconder ningún activo financiero ni eludir impuesto alguno tampoco”, pero cuando toca aplicar medidas en los hechos y no en el papel, pues todo queda en el papel porque ese país, sus gobernantes y empresarios, saben que se exponen a perder capitales si aplican políticas internacionales de transparencia.
En este sentido no tenemos dudas de que el proyecto BEPS va a enfrentar las mismas situaciones: países que declaran su “compromiso” con el proyecto, pero se trata de una situación más compleja por el gran número de actores e intereses afectados. En adición a esto, debemos entender el gran andamiaje que gira en torno a los políticos y gobiernos: los empresarios y sus capitales ejercen poder fáctico en la toma de decisiones y muchas veces un gobierno de cualquier país se puede comprometer a ejecutar tal política y por otro lado el sector empresarial puede dificultar bastante que se concrete dicha medida si así lo desean. Después de todo se cumple la premisa de que “existen poderes formales, quienes tienen el poder en teoría…y existen poderes fácticos, aquellos que verdaderamente tienen el poder en la toma de decisiones.”
[1] Recomendamos lectura libro “Precios de Transferencia, Análisis teórico-práctico” del autor Vicente Torres Delgadillo, México, Editora Trillas, 2012. En específico leer capítulo I, “Repercusión de la globalización económica en los precios de transferencia. Delimitaciones conceptuales previas.”
[2] Juez Martel, Pedro; “ Operaciones fraudulentas a través de sociedades, Detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicaciones jurídicas”, Edita La ley, España 2013. Pág. 394
[3] Artículo digital: “La OCDE presenta los resultados del Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 para su discusión en la reunión de los Ministros de Finanzas del G20” publicado 05/10/2015,URL “http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-presenta-los-resultados-del-proyecto-beps-de-la-ocde-y-el-g20-para-su-discusion-en-la-reunion-de-los-ministros-de-finanzas-del-g20.htm”
[4] Consultar versión primera del “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” OCDE 2014; disponible URL “http://www.aedf-ifa.org/FicherosVisiblesWeb/Ficheros/Fichero79.pdf”
[5] Publicado BBC Mundo 6 de Agosto 2016, Redacción, Artículo titulado "No están comprometidos": Joseph Stiglitz renuncia a seguir como consejero del gobierno panameño para el caso de los Panamá Papers, URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36996684).
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