Riesgo moral en teoría microeconómica es un concepto que significa la posibilidad de que las partes en una convención realicen actos contrarios a la eficiencia, y esto debido a un incentivo y falta de información que puede ser intrínseca a la situación dada. El ejemplo clásico es el tema de los seguros: si una persona tiene un seguro contra incendio, es muy probable que tome menos medidas anti-incendio que aquella persona común que no tiene seguro. También puede suceder en un contrato de servicios que se facture por horas: quien cobra puede estar incentivado a cobrar más horas y por ello actúa ineficientemente para abultar sus montos a cobrar. Existen varias formas de combatir estos incentivos y la doctrina refiere a que puede controlarse mientras se capte mayor información y se eliminen posibles incentivos para con la ineficiencia. El riesgo moral es comúnmente utilizado en el contexto de la teoría de juegos.
A continuación vamos a exponer un caso que consideramos existe riesgo moral. Este corto paper lo escribimos en el marco de la maestría que cursamos en el Instituto OMG en Derecho Público Económico y lo presentamos en este espacio porque es de interés en materia de impuestos.
Un caso de riesgo moral es aquel producto del sistema de retenciones de impuestos a proveedores informales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII en lo adelante), con relación al estímulo a la informalidad de la población económica dominicana. Nuestra conclusión es que se produce un riesgo moral dado que la DGII y el gobierno no realizan un esfuerzo genuino y real para que haya formalidad en la economía, sobretodo porque tienen la convicción de que la informalidad es un problema relativamente controlado por el sistema de retenciones a proveedores informales. También ocurre que los demás actores en juego, dígase las personas físicas y jurídicas formalizadas y las personas no formales, tienen incentivos para que la realidad no cambie.
Nota: “informal” en el concepto de la DGII y este paper, es una persona que produce riquezas o bienes y servicios gravados con impuestos, y evade dichas obligaciones no registrándose y no reportando a los sistemas de la administración tributaria.
Explicamos:
Según los datos conocidos la informalidad se estima entre un 50 y 60 por ciento de la economía dominicana. Esto conlleva grandes problemas para toda la economía, como es la evasión de impuestos directos, la falta de acceso a crédito y la desprotección social de las personas informales.
La DGII tiene instaurado un conocido sistema de retención del impuesto sobre la renta (ISR) y del ITBIS a las personas en calidad de “proveedores informales”. El proceso es relativamente sencillo y sólo se requiere la presentación de la Cédula de identidad del proveedor entre otros documentos contables. Con este proceso la administración tributaria recauda impuestos del sector informal y por otro lado quienes están formalizados pueden reportar los gastos en que incurren cuando pagan a un proveedor informal.
Las autoridades de DGII por lo visto entienden que se trata de una solución viable al problema de la informalidad, sin embargo nuestro criterio es lo contrario: se incentiva la informalidad, un reflejo del -moral hazard-.
Lo primero a tomar en cuenta es que la retención del ISR y del ITBIS a informales lógicamente sólo se puede producir cuando un proveedor informal tiene un intercambio comercial con una persona formalizada fiscalmente y que lleva una contabilidad organizada. En este sentido todas las transacciones comerciales que el informal realice con otro informal, quedan fuera del fisco y de los sistemas información de la DGII.
Lo segundo se refiere a la imposibilidad de controlar si efectivamente se trata de un “proveedor informal” la persona quien declara ha dado un servicio, o más bien es un fraude lo que ocurre. En sus inicios el sistema funcionó sin restricciones algunas y los “proveedores informales” abundaban. La DGII ha tomado medidas -al parecer porque ha comprendido lo perjudicial del sistema- y cuando un proveedor tiene ciertas cantidades de transacciones reportadas por terceros, lo constriñen a regularizarse como un proveedor formal. El razonamiento es que ciertamente cuando un proveedor informal tiene muchos ingresos, se estima que pagaría más impuestos si se formaliza (la retención realizada por ISR al informal es menor al impuesto que se liquidaría si estuviese formalizado). El resultado de esta política es otro fenómeno: los informales tienen siempre a mano varias cédulas de identidad (prestadas de familiares y amigos) para evitar ser reportado en reiteradas ocasiones. Una práctica que deja totalmente desarmada a la DGII si no cambia definitivamente el sistema de retenciones actual.
Los incentivos que tienen las partes para que la economía siga el atajo de la informalidad lo definimos de la manera siguiente:
-Los proveedores formales y que pagan impuestos directos están satisfechos con el sistema porque pueden declarar fiscalmente los gastos e Itbis en que incurren cuando un proveedor informal les da un servicio o vende un producto. Es decir el sector empresarial y privado no tiene un incentivo para que haya un cambio que propicie la formalización de la economía.
-Por su parte los proveedores informales están contentos porque realizan un sinnúmero de operaciones que no declaran (operaciones entre informales), sin tener que declarar ni pagar los impuestos correspondientes. Por otro lado, el día que se les presenta la necesidad de relacionarse con una empresa formalizada, tienen a mano sus cédulas de identidad y no tienen problema alguno. En caso de que un informal tenga muchas transacciones con diversas personas formalizadas, entonces procura tener a mano varias cédulas de identidad para así no alertar a la administración tributaria.
-La DGII y el gobierno tienen el incentivo de pensar que el sistema de retenciones fiscales es bueno para contrarrestar la realidad de la informalidad, sin analizar que las retenciones de este tipo precisamente incentivan la informalidad, porque la informalidad no se reduce si los informales tienen el chance de seguir en dicha categoría.
Además, sin poner mucha atención a este punto específico de las retenciones que explicamos, el gobierno dominicano observa el problema de la informalidad y declara que es urgente resolverlo. La realidad es que el gobierno realiza un esfuerzo pobre para que los informales entren al mercado formal. Entre las medidas vemos charlas recurrentes que organizan diversas instituciones para que se difundan “las ventajas de ser una empresa formalizada” y también se crean “ventanillas únicas” para agilizar la constitución de compañías, sin ningún incentivo económico verdaderamente tangible. Diríamos que se trata de querer curar un tipo de cáncer difícil con medicamentos eficientes para un resfriado.
Soluciones:
Las verdaderas soluciones tienen que ir de la mano de incentivos económicos reales y concretos para quienes pasen indudablemente a la economía formal, y por otro lado, de forma paulatina, eliminar los incentivos existentes que no permiten se formalice economía.
Un caso de riesgo moral es aquel producto del sistema de retenciones de impuestos a proveedores informales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII en lo adelante), con relación al estímulo a la informalidad de la población económica dominicana. Nuestra conclusión es que se produce un riesgo moral dado que la DGII y el gobierno no realizan un esfuerzo genuino y real para que haya formalidad en la economía, sobretodo porque tienen la convicción de que la informalidad es un problema relativamente controlado por el sistema de retenciones a proveedores informales. También ocurre que los demás actores en juego, dígase las personas físicas y jurídicas formalizadas y las personas no formales, tienen incentivos para que la realidad no cambie.
Nota: “informal” en el concepto de la DGII y este paper, es una persona que produce riquezas o bienes y servicios gravados con impuestos, y evade dichas obligaciones no registrándose y no reportando a los sistemas de la administración tributaria.
Explicamos:
Según los datos conocidos la informalidad se estima entre un 50 y 60 por ciento de la economía dominicana. Esto conlleva grandes problemas para toda la economía, como es la evasión de impuestos directos, la falta de acceso a crédito y la desprotección social de las personas informales.
La DGII tiene instaurado un conocido sistema de retención del impuesto sobre la renta (ISR) y del ITBIS a las personas en calidad de “proveedores informales”. El proceso es relativamente sencillo y sólo se requiere la presentación de la Cédula de identidad del proveedor entre otros documentos contables. Con este proceso la administración tributaria recauda impuestos del sector informal y por otro lado quienes están formalizados pueden reportar los gastos en que incurren cuando pagan a un proveedor informal.
Las autoridades de DGII por lo visto entienden que se trata de una solución viable al problema de la informalidad, sin embargo nuestro criterio es lo contrario: se incentiva la informalidad, un reflejo del -moral hazard-.
Lo primero a tomar en cuenta es que la retención del ISR y del ITBIS a informales lógicamente sólo se puede producir cuando un proveedor informal tiene un intercambio comercial con una persona formalizada fiscalmente y que lleva una contabilidad organizada. En este sentido todas las transacciones comerciales que el informal realice con otro informal, quedan fuera del fisco y de los sistemas información de la DGII.
Lo segundo se refiere a la imposibilidad de controlar si efectivamente se trata de un “proveedor informal” la persona quien declara ha dado un servicio, o más bien es un fraude lo que ocurre. En sus inicios el sistema funcionó sin restricciones algunas y los “proveedores informales” abundaban. La DGII ha tomado medidas -al parecer porque ha comprendido lo perjudicial del sistema- y cuando un proveedor tiene ciertas cantidades de transacciones reportadas por terceros, lo constriñen a regularizarse como un proveedor formal. El razonamiento es que ciertamente cuando un proveedor informal tiene muchos ingresos, se estima que pagaría más impuestos si se formaliza (la retención realizada por ISR al informal es menor al impuesto que se liquidaría si estuviese formalizado). El resultado de esta política es otro fenómeno: los informales tienen siempre a mano varias cédulas de identidad (prestadas de familiares y amigos) para evitar ser reportado en reiteradas ocasiones. Una práctica que deja totalmente desarmada a la DGII si no cambia definitivamente el sistema de retenciones actual.
Los incentivos que tienen las partes para que la economía siga el atajo de la informalidad lo definimos de la manera siguiente:
-Los proveedores formales y que pagan impuestos directos están satisfechos con el sistema porque pueden declarar fiscalmente los gastos e Itbis en que incurren cuando un proveedor informal les da un servicio o vende un producto. Es decir el sector empresarial y privado no tiene un incentivo para que haya un cambio que propicie la formalización de la economía.
-Por su parte los proveedores informales están contentos porque realizan un sinnúmero de operaciones que no declaran (operaciones entre informales), sin tener que declarar ni pagar los impuestos correspondientes. Por otro lado, el día que se les presenta la necesidad de relacionarse con una empresa formalizada, tienen a mano sus cédulas de identidad y no tienen problema alguno. En caso de que un informal tenga muchas transacciones con diversas personas formalizadas, entonces procura tener a mano varias cédulas de identidad para así no alertar a la administración tributaria.
-La DGII y el gobierno tienen el incentivo de pensar que el sistema de retenciones fiscales es bueno para contrarrestar la realidad de la informalidad, sin analizar que las retenciones de este tipo precisamente incentivan la informalidad, porque la informalidad no se reduce si los informales tienen el chance de seguir en dicha categoría.
Además, sin poner mucha atención a este punto específico de las retenciones que explicamos, el gobierno dominicano observa el problema de la informalidad y declara que es urgente resolverlo. La realidad es que el gobierno realiza un esfuerzo pobre para que los informales entren al mercado formal. Entre las medidas vemos charlas recurrentes que organizan diversas instituciones para que se difundan “las ventajas de ser una empresa formalizada” y también se crean “ventanillas únicas” para agilizar la constitución de compañías, sin ningún incentivo económico verdaderamente tangible. Diríamos que se trata de querer curar un tipo de cáncer difícil con medicamentos eficientes para un resfriado.
Soluciones:
Las verdaderas soluciones tienen que ir de la mano de incentivos económicos reales y concretos para quienes pasen indudablemente a la economía formal, y por otro lado, de forma paulatina, eliminar los incentivos existentes que no permiten se formalice economía.
- Debe eliminarse el concepto de “proveedor informal” como una deducción posible a las bases imponibles. Mientras las empresas puedan pagar a un “proveedor informal” y declarar ello como gasto a los fines fiscales, el sector privado y empresarial de todo el país no empujará a informales a la formalización. Si se elimina la categoría de proveedor informal, las personas en calidad de informales verían sus ingresos económicos en peligro y por lo tanto indefectiblemente van a formalizarse. El trabajo de la DGII será un esfuerzo genuino para que el pueblo asimile la eliminación de los proveedores informales.
- Debe perseguirse la evasión fiscal con dureza. Las operaciones que realizan dos personas informales, burlando al fisco y sin pagar impuesto alguno, tienen que encontrar sanciones reales y percibidas por la población. Si la DGII no aumenta la cantidad y calidad técnica de su personal encargado de perseguir la evasión fiscal, y realiza un trabajo a largo plazo arduo para castigar evasores, pues no seguirá la informalidad ganando la carrera.
- Debe crearse mecanismo de incentivos fiscales interesantes a quienes pasen a la formalidad y esto puede abarcar desde exenciones hasta bonos. De hecho, y a modo de comentario, no se comprende cómo haya tantos capítulos de exenciones fiscales para el “cine dominicano”, y sin embargo la formalización de personas en la economía (un proceso altamente prioritario para cualquier país en vías de desarrollo) no tenga capítulos de exenciones.
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